La ANEAES volvió a poner sobre la mesa, con datos y lectura sistémica, una verdad que el país conoce pero no siempre asume en sus consecuencias: si Paraguay quiere sostener su diversificación productiva y su modernización estatal, la calidad de la formación en ingenierías no puede quedar librada a inercias institucionales ni a la simple […]
La ANEAES volvió a poner sobre la mesa, con datos y lectura sistémica, una verdad que el país conoce pero no siempre asume en sus consecuencias: si Paraguay quiere sostener su diversificación productiva y su modernización estatal, la calidad de la formación en ingenierías no puede quedar librada a inercias institucionales ni a la simple expansión de la oferta.
Paraguay se apoya en pilares que, en el siglo XXI, ya no funcionan solo con “ventajas naturales”. La producción agropecuaria exige innovación, mecanización, gestión de suelos, agua y biotecnología; la energía requiere confiabilidad en generación, transmisión y distribución; la logística regional demanda infraestructura y trazabilidad; la obra pública necesita seguridad estructural y planificación; y la economía digital —incluido el Estado— pide ingeniería informática capaz de diseñar sistemas, proteger datos y modernizar servicios. En ese tejido, la ingeniería no es una disciplina...
Si ese es el papel histórico de las ingenierías, el dato duro que hoy se vuelve inevitable es la brecha entre expansión y consolidación de la calidad. El sistema cuenta con 291 carreras habilitadas y 65 acreditadas, con una tasa de acreditación de 18,3%. En términos de desarrollo, la cifra no describe un “déficit administrativo”, sino un problema de capacidades: la oferta creció con fuerza, pero la demostración de calidad bajo estándares rigurosos avanza más lentamente. En un campo donde los egresados impactan en seguridad, productividad, ambiente, eficiencia energética y transformación...
También aparece con claridad un punto que conviene leer como activo estratégico del país: la educación superior pública muestra una fortaleza marcada en esta área. Aunque la mayor parte de la oferta habilitada se concentra en el sector privado, la acreditación se apoya mayoritariamente en instituciones públicas, que reúnen 55 de las 65 carreras acreditadas. Esa relación no debería alimentar lecturas simplistas, sino abrir una conversación seria sobre capacidades instaladas: cultura de autoevaluación, planta docente, infraestructura técnica, evidencia de mejora y condiciones institucionales...
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