Los informes médicos sobre el estado de salud del narco Víctor Brítez Aranda, alias Chapaló, presentados por forenses del Ministerio Público, del Poder Judicial y de la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo, y por el doctor de cabecera del mismo, son prácticamente calcados entre sí, además de que carecen de estudios como base, según resultado de la auditoría ordenada por la Corte.
El pleno de la Corte Suprema de Justicia, en sesión ordinaria, suspendió sin goce de sueldo a la jueza penal de sentencia de Coronel Oviedo Ninfa Torres de Ramos y a su actuaria Nélida Bogado, tras otorgar y después revocar la prisión domiciliaria para el narcotraficante Víctor “Chapaló” Brítez. La resolución se dictó tras la presentación de informes médicos en los que se lo diagnosticaba con diabetes, hipertensión arterial, artrosis, enfermedad pulmonar obstructiva y ginecomastía bilateral, para la que precisaba una intervención quirúrgica.
La Corte adoptó idéntica medida con relación al médico forense del Poder Judicial, Gustavo Brítez, quien firmó uno de los certificados médicos utilizados para conceder el beneficio al narcotraficante y que posteriormente se truncó debido a que la misma jueza retiró el oficio, tras la difusión del caso.
La situación de los demás galenos intervinientes, una dependiente del Ministerio Público y la otra del Ministerio de Justicia, queda a criterio de las autoridades de sus respectivas instituciones. Hasta la fecha, no se conoce que se haya dispuesto medida alguna.
Cabe destacar que en esta causa, la fiscala de ejecución Norma Rosa Solís pidió que se le otorgue la prisión domiciliaria a “Chapaló”, en atención al escrito presentado por la defensa técnica ejercida por el abogado José Basilides Lezcano, quien solicitó la medida en vista a la delicada condición de salud de “Chapaló”, quien cumple una condena de 26 años de cárcel por narcotráfico y otra de tres años por lavado de dinero, en esta última causa se ordenó el comiso de 11 propiedades registradas a su nombre.
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