La Policía tuvo que retroceder en su intención de hacer cumplir un mandamiento judicial de desalojo de una comunidad indígena en el Departamento de Caaguazú, ayer martes. Más de 200 uniformados llegaron hasta el asentamiento Hugua Po’i de Raúl Arsenio Oviedo, donde alrededor de 50 familias de la parcialidad Mbya Guaraní ocupan el predio desde el 2014.
La medida judicial fue resuelta luego de la denuncia formulada por la Sociedad Civil Tres Palmas, que asegura contar con el título de la propiedad en cuestión. Los miembros del orden público acompañaron al oficial de justicia Francisco Gómez Aguayo, quien leyó la resolución.
Unos 50 hombres de la comunidad indígena se alistaron con palos y arcos para resistir el desalojo. Estos se encontraban con la cara pintada y reacios a cambiar de postura ante la intención de diálogo y abandono pacífico que les propuso el director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Hugo Samaniego. Todos los caminos de ingreso fueron cubiertos por los soldados indígenas, bajo órdenes del cacique.
La policía optó por abandonar el lugar. El Ministerio del Interior propone una reunión que incluya la participación de los presidentes del Indi, Édgar Olmedo, y del Indert, Mario Vega. RF
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