El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) pagó en 2015 la suma de G. 1.069 millones por uno de los “pozos de oro” construidos con intermediación de ONG. Un año antes, había abonado menos de G. 300 millones por el mismo tipo de obra, razón por la cual la Fiscalía investiga aparentes estafa y lesión de confianza.
El presidente del Indert, Justo Cárdenas, adjudicó en 2014 a la empresa Ysyry Perforaciones, de María Luisa Esteche, la construcción de un sistema de agua potable en el asentamiento San Miguel Mboi’y, distrito de 25 de Diciembre (San Pedro), por la suma de G. 297.343.235. Fue en el marco de la licitación pública N° 272.944, según datos de Contrataciones Públicas.
En esa misma licitación se adjudicó a otras oferentes y el mayor precio fue G. 400.245.516, por la obra de CJD Perforaciones, de Carlos Javier Domínguez, para la zona 13 de Junio, distrito de Edelira (Itapúa).
Llamativamente, en el año 2015, el Indert declaró desierto el llamado previsto para continuar con las construcciones de pozos y en lugar de regirse por la Ley 2051 de Contrataciones Públicas, comenzó a gestionar los trabajos vía ONG, electa arbitrariamente y en dudosos procesos.
Precisamente, en el marco del nuevo sistema de contratación, Cárdenas decidió firmar convenio con la Fundación Reseda Poty, presidida por la Ing. Patricia Ozorio, que fue adjudicada para gestionar la instalación del sistema de agua potable en la colonia Mariscal López, 4ª Línea, del distrito Capiibary (San Pedro). El precio en este caso se disparó a G. 971.880.000, a lo que se sumó un 10% de “gastos gestionales” de la ONG, que hizo trepar la suma final a G. 1.069.068.000 (ver cuadro).
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