Instantes en que se incendiaba el jueves 29 de setiembre, en pleno día y en horario de trabajo, el bloque G de la Justicia Electoral en Asunción, en una toma desde la avenida Eusebio Ayala. Por este motivo, en las próximas reuniones que se llevarán a cabo en el Congreso entre los partidos y la Justicia Electoral, se deberá exigir por sobre todo el cumplimiento a rajatabla de lo dispuesto en el cronograma electoral, así como en mantener las internas simultáneas. Hasta el momento, todas las corrientes políticas involucradas en el proceso electoral han rechazado la propuesta de Bestard, incluido aparentemente el cartismo, pero a la vista del golpe que implica la súbita desaparición de más de la tercera parte de la existencia de urnas electrónicas, así como del no menos grave episodio de la inutilización del sistema de transmisión rápida de resultados basado en el conteo acelerado de los votos que posibilita la tecnología, no queda la menor duda de que si no fue intencional el incendio, el sonado episodio puede desembocar de todos modos en un alevoso atropello a la transparencia y credibilidad del proceso electoral, en el caso que se decida finalmente por “desdoblar” las internas. Esto es así porque todo el escenario político construido antes para fortalecer el edificio electoral ha sido también afectado por el incendio, ya que la voluntad popular tenía una garantía de respeto con el uso de las máquinas electrónicas de votación y la transparencia del proceso con la intermediación tecnológica para la transmisión rápida de resultados, además de prevalecer las mínimas condiciones para el fraude o el voto doble y hasta triple.
Instantes en que se incendiaba el jueves 29 de setiembre, en pleno día y en horario de trabajo, el bloque G de la Justicia Electoral en Asunción, en una toma desde la avenida Eusebio Ayala. Irónicamente, la fachada asegura ser el “Custodio de la voluntad popular”.
Ya sea por descuido, negligencia o, peor aún, por una posible intencionalidad, el pavoroso incendio en la sede central de la Justicia Electoral con el lamentable saldo de una muerte, podría significar nada menos que un aviso estremecedor de la existencia de un plan contra la democracia paraguaya en las próximas elecciones, en las que el pueblo deberá optar por nuevas autoridades que le garanticen no caer definitivamente en manos de la mafia narcopolítica.
Unas pocas horas después que Marito Abdo afirmaba en declaraciones en el Chaco en horas de la mañana tras el homenaje a los héroes de la guerra en Boquerón, que “la narcopolítica es una amenaza para los procesos democráticos” en el país, a la tarde del mismo día jueves 29 de setiembre, se producía un incendio devastador en el organismo que se precia de ser “el custodio de la voluntad popular”: la Justicia Electoral.
El resultado de la “quema de archivo” no pudo ser más nefasto para el proceso democrático paraguayo, porque fueron destruidas 7.758 máquinas electrónicas de votación, al igual que la totalidad de los equipos utilizados para el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales (TREP), cuyo reemplazo por otras nuevas máquinas sería casi imposible para las internas del 18 de diciembre e incluso para las generales del 30 de abril próximo.
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