En 2018, la Dirección de Salubridad del Departamento de Defensa al Consumidor de la Municipalidad recomendó la intervención y cierre de esos predios, luego de que la Fiscalía Antitrata constatara que allí prostituían a niñas indígenas. Esa sugerencia “no tomaron en serio las autoridades”, reveló Cresencio Nalerio, ex funcionario de esa dependencia municipal.
La defensora pública Lorena Segovia tuiteó ayer que –en julio de 2019– solicitó a la Intendencia la clausura o demolición del mismo inmueble. Esto fue ante denuncias de que esos predios “sirven de zona de consumo de drogas, lugar de pernocte o guarida y de explotación sexual” y en la nota advertía que si no se clausuraba o demolía, “gente inescrupulosa seguirá ingresando con fines reprensibles”.
APURO. A contrarreloj, ayer, con tractores y camiones limpiaban los patios de ambos predios que están frente a la Armada. La firma Glo Construcciones fue contratada por el Grupo Inversor, propietario de la ex cervecería, para el efecto. La orden fue “limpieza íntegra” de ambos patios y el “cerramiento” para evitar la ocupación precaria, reveló Santiago Bofferov, asesor jurídico del grupo empresarial.
Desde la Dirección de Gestión Ambiental de la Comuna, Ivo Brun, dijo está pendiente de emisión una multa que supera los G. 200.000.000, en caso de que en 72 horas la empresa no despeje la inmundicia del lugar y no selle –de forma segura– todo el inmueble para evitar que siga como aguantadero de marginales.
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