El fiscal Sánchez, de la Unidad Especializada contra el Contrabando, presentó ayer ante el juez penal de Garantías el acta de imputación de Alegre y dos administradores de la campaña de Alto Paraná por el PLRA en 2018, que son Pascual Benítez y Digno Moriz. Detalló que la expectativa de pena es de entre uno a cinco años para dos de los delitos, mientras que para otro es solo hasta tres años.
En el documento, Sánchez consideró a los tres como supuestos autores de los hechos punibles contra la prueba documental (producción y uso de documentos públicos de contenido falso) en el marco de una investigación por la presunta falsificación de una factura de la estación de servicios Catedral (Puma).
Asimismo, se solicita al juez, conforme el art. 245 del Código Procesal Penal, la aplicación de las siguientes medidas alternativas a la prisión preventiva: La obligación de presentarse periódicamente ante el Juez; prohibición de salir del país y la prestación de una caución real adecuada de G. 100 millones cada uno.
En febrero de este año el viceministro de Tributación, Óscar Orué, señaló que encontró inconsistencias en facturas denunciadas como clonadas en el PLRA que se usaron en campañas departamentales del 2018.
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