Funcionarios de la Municipalidad de Tobatí, a cargo del liberal Dan González, fueron imputados ayer por la fiscala Gloria Gamarra por el delito de perturbación de los servicios públicos, tras una denuncia del exsenador Julio “Pichín” Quiñónez (ANR, cartista). La comuna cordillerana inhabilitó por evasión fiscal la empresa de transporte Villa Serrana, propiedad del exlegislador.
CAACUPÉ, Cordillera (Desiré Cabrera, de nuestra redacción regional). La fiscala Gloria Gamarra imputó por el hecho punible de perturbación de los servicios públicos a los funcionarios Aldo Rojas, secretario general de la Municipalidad de Tobatí; y a los policías municipales José Reyes, Gustavo Castillo y Javier Saldívar.
Los funcionarios fueron denunciados por el exsenador de Honor Colorado (HC), Julio “Pichín” Quiñónez, luego de que interceptarán sus colectivos en la vía pública el 2 de agosto pasado, con el objetivo de hacer cumplir la Resolución Nº 599/2018, que inhabilitaba la empresa de transporte Villa Serrana, por evasión fiscal. Teniendo en cuenta que desde la instalación de la empresa, hace más de 21 años, jamás pagó la patente comercial correspondiente.
La fiscala imputó rápidamente a los funcionarios con base en informes de la comuna y de la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran), sin que los mismos fueran llamados a declarar.
Asimismo, el Ministerio Público solicitó al Juzgado Penal de Garantías la aplicación de medidas cautelares como la prohibición de salida del país, la caución real de G. 10 millones cada uno y la obligatoriedad de no cambiar de domicilio, entre otros. Los funcionarios se exponen a penas de hasta cinco años o multa.
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