Manuel Páez Monges y otros dos ex funcionarios fueron procesados por lesión de confianza, tras denuncia de pagos indebidos a supuestas víctimas de la dictadura. El contralor Enrique García no fue imputado.
También fueron procesados Victorino Andrés González Sarubbi, quien era el encargado del Centro de Documentación y Archivo para la defensa de los derechos humanos –el que debía proporcionar el hábeas data a las víctimas–, y Shirley Lucía Cantero Figueredo, ex delegada de dicha institución, –quien emitía los dictámenes que eran favorables–, según consta en la carpeta fiscal.
Los fiscales Igor Cáceres y Josefina Aghemo además solicitaron las medidas alternativas a la prisión preventiva para los tres encausados.
El hecho data del 2012 y estuvo a un paso de prescribir, debido a que la fiscala Liliana Alcaraz había cajoneado el caso, de acuerdo a lo que comentó el actual defensor del pueblo, Miguel Godoy.
Pero tras un allanamiento realizado en setiembre del año pasado por parte de los actuales agentes fiscales en el organismo, se pudo evitar que muera la causa.
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