La jueza Rosarito Montanía decretó la inhibición general de enajenar y gravar bienes, como así también el bloqueo de cuentas de Antoliano Galeano, alias “Pele”, Melania Bordon, Evelyn Mariel Ocampos Bordon, Adrian Ismael Galeano Bordon, Benita Galeano, Eladio Franco Romero, Rodrigo Lagraña Ramirez, Alberto Gonzalez, Christian Ruben Ramirez Torales, y Braian David Galeano, presuntos microtraficantes … Imputados por tráfico de drogas no podrán disponer de bienes ilícitos Leer más »
La jueza Rosarito Montanía decretó la inhibición general de enajenar y gravar bienes, como así también el bloqueo de cuentas de Antoliano Galeano, alias “Pele”, Melania Bordon, Evelyn Mariel Ocampos Bordon, Adrian Ismael Galeano Bordon, Benita Galeano, Eladio Franco Romero, Rodrigo Lagraña Ramirez, Alberto Gonzalez, Christian Ruben Ramirez Torales, y Braian David Galeano, presuntos microtraficantes detenidos tras una serie de allanamientos en Asunción y Pedro Juan Caballero, en el marco del operativo Troya.
Los mismos fueron detenidos mediante técnicas especiales de investigación (interceptaciones telefónicas y vigilancia policial) en el marco de la investigación preliminar denominada “Troya”, en la que se logró identificar a los miembros de una estructura criminal, liderada por el imputado Antoliano Galeano.
Además de la forma en la que operaban los supuestos miembros y colaboradores, organizados para la adquisición de sustancias estupefacientes, drogas (cocaína) y medicamentos controlados que eran traídos desde la Ciudad de Pedro Juan Caballero, teniendo como destinos, los centros de acopios, ubicados en la Ciudad de Asunción, en diferentes puntos del Barrio Ricardo Brugada, donde serían ocultas, hasta ser fraccionadas y luego comercializadas por distribuidores que operarían en Asunción y el Departamento Central.-
“Ante estas circunstancias y existiendo una sospecha razonable de que los bienes muebles e inmuebles, así como el dinero en efectivo que pudieran estar depositados en bancos, financieras y/o cooperativas a nombre de los citados procesados podrían ser producto del beneficio económico de las actividades ilícitas y en caso de no dictarse las medidas cautelares idóneas, podría correrse el riesgo inmediato de perderse el derecho que se intenta cautelar”, señala
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