Imputado por incitación a cometer hechos punibles - ADN Paraguayo

Imputado por incitación a cometer hechos punibles - ADN Paraguayo

PRESIDENTE FRANCO, Alto Paraná.- La fiscal Analía Rodríguez, imputó al dirigente campesino  Rosalino Casco (43) por la supuesta comisión del hecho punible de incitación a cometer hechos punibles. La representante del Ministerio Público había ordenado la detención preventiva del encausado, mediante oficio número 910, de fecha 11 de octubre de 2010, que se dio cumplimiento …

PRESIDENTE FRANCO, Alto Paraná.- La fiscal Analía Rodríguez, imputó al dirigente campesino Rosalino Casco (43) por la supuesta comisión del hecho punible de incitación a cometer hechos punibles. La representante del Ministerio Público había ordenado la detención preventiva del encausado, mediante oficio número 910, de fecha 11 de octubre de 2010, que se dio cumplimiento este 6 de noviembre, a las 08:17, en sede de la Cámara de Diputados.

Según los antecedentes, la causa se originó con la denuncia presentada por la comisario Luz Núñez de Ocampos, jefa del Departamento Jurídico de la Policía Nacional. La misma, mediante nota número 660, de fecha 22 de setiembre de 2018, informó que el ciudadano Rosalino Casco, a través de grabaciones difundidas en las redes sociales Facebook y Whatsapp, habría incitado a los campesinos a ingresar a la fuerza en inmuebles pertenecientes a la empresa Entre Ríos S.R.L., en el distrito de Mariscal López, departamento de Caaguazú.

En dirigente campesino, a través de las grabaciones, expresó que entre las tierras pretendidas figuran “Laterza Cué”, con una dimensión de 12.000 hectáreas, y de José López, que tendría 13.000, totalizando 25.000 hectáreas, que supuestamente pertenecen al Estado Paraguayo. Sin embargo, las propiedades son privadas, según los informes oficiales con cuenta el Ministerio Público.

La fiscal Analía Rodríguez requirió la aplicación de medidas alternativas a la prisión para el encausado, quien se encuentra privado de su libertad en sede policial. Igualmente, la representación pública requirió al Juzgado Penal de Garantías el plazo de 6 meses para la conclusión de la investigación

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