La jueza interina Clara Ruiz Diaz otorgó arresto domiciliario a Jorge Aquino, imputado por supuesta asociación criminal en el caso de venta de cargos y recategorizaciones en el Instituto de Previsión Social (IPS). Por otro lado, resolvió mantener en prisión preventiva a una funcionaria de la previsional, por no cumplir con las condiciones para una medida menos gravosa.
La defensa del imputado alegó que la supuesta participación que se le atribuye es simplemente “haber prestado el patio o el quincho de su domicilio para la realización de reuniones donde el mismo no ha tenido participación con ninguna de las personas que asistieron, es decir que lo que aconteció o se realizó en su domicilio, el mismo desconocía cuál era el motivo de la reunión y que también que se estaba llevando”.
También refirió que no existe un solo elemento de prueba o indicio de su participación activa y directa en el ofrecimiento de cargos o recategorizaciones a funcionarios, y agregó que su representado no es funcionario del IPS además carece de vínculo alguno con funcionarios o directivos de dicha institución.
En su análisis, la jueza sostuvo que la documentación arrimada por la defensa, como certificado de vida y residencia y el ofrecimiento de una caución real sobre un inmueble, desvirtúa el peligro de fuga, sin embargo el peligro de obstrucción continúa latente, por lo que resolvió establecer el arresto domiciliario como medida más idónea, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento, la medida cautelar será revocada sin más trámite.
Por otro lado, la magistrada resolvió mantener la prisión preventiva de otra de las imputadas en esta causa, Zulma Villalba Colmán, cuya defensa solicitó medidas menos gravosas, sobre todo por su deteriorado estado de salud.
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