De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la seguridad social/protección social es el conjunto de intervenciones por parte de los poderes públicos para proteger a las personas contra la pobreza y la exclusión social, las consecuencias económicas de los “riesgos del ciclo vital” (mala salud, enfermedad, discapacidad, maternidad, accidentes laborales, desempleo, vejez o muerte de un miembro de la familia) y el insuficiente apoyo familiar, especialmente a los niños y personas adultas dependientes.
Impera la necesidad de repensar la protección social en el Paraguay
En un contexto global marcado por retrocesos en la lucha contra la pobreza, la protección social emerge como una herramienta estratégica para promover la autosuficiencia económica. De acuerdo con un reciente informe del Banco Mundial (BM), los programas de empleo e inclusión económica están demostrando ser claves para generar oportunidades productivas, más allá del apoyo en efectivo o en especie.
El informe destaca que actualmente más personas tienen acceso a esquemas de protección social que en cualquier otro momento de la historia. En la última década, la cobertura se ha expandido a un total de 4.700 millones de personas en países de ingreso bajo y medio. Esto significa que tres de cada cuatro personas viven en hogares que reciben algún tipo de beneficio o contribuyen al sistema. El crecimiento fue especialmente significativo en las economías de menores ingresos, donde la cobertura más que se duplicó.
Por otra parte, los programas de inclusión económica, que combinan transferencias con activos, capacitación y acceso a mercados, han generado incrementos de hasta 45% en los ingresos de los hogares o en sus ingresos productivos, apuntalando una mejora sostenida en su situación económica.
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