Las primeras dos identificaciones de los restos de desaparecidos durante la dictadura militar del general Alfredo Stroessner (1954-1989) suman un elemento de prueba contundente para la investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos en esa época, resaltó el fiscal Santiago González Bibolini, de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público.
La confirmación a través de estudios genéticos de que los restos analizados pertenecen al paraguayo Miguel Ángel Soler, desaparecido en 1975 en Asunción, y a la italiana Rafaela Filipazzi, quien desapareció en Montevideo en 1977 en el marco del Plan Cóndor, representa un avance importante en la investigación. “Esperamos contar también con más reconocimientos o más coincidencias acerca de las 27 muestras que corresponden a 22 esqueletos hallados”, refirió el fiscal sobre los primeros resultados del trabajo que se encargó al Equipo Argentino de Antropología Forense.
Agregó que en lo que hace al Plan Cóndor, que fue un operativo de intercambio de información y prisioneros entre las dictaduras de la región en la década de 1970, existe una causa abierta dentro del Poder Judicial, a cargo del juez Arnaldo Fleitas. Una vez que reciban la información oficial de los mencionados peritajes concluidos, que vendrán de la Argentina, vía Cancillería, se proveerá al juez. La causa N° 5236/09 se inició con uno de los testigos que había visto que se habría enterrado a ciudadanos en los predios de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, explicó. Por otra...
Para el Ministerio Público, agregó, es de vital importancia estas nuevas pruebas vinculadas con el sitio donde estaban sepultados los restos de las personas desaparecidas, la identificación de estas, y el poder hacer entrega de sus restos a los familiares, previo los trámites de rigor procesales.
El fiscal recordó que, con relación a Miguel Angel Soler, ya había abierto una causa que concluyó con la condena en 1997 de personeros del stronismo, como Pastor Milciades Coronel, jefe de Investigaciones de la Policía, y los torturadores de la institución policial, Lucilo Benítez, Juan Aniceto Martínez y Camilo Almada, a 16 años, 6 meses y 6 días de prisión.
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