La Cámara Baja aprobó la derogación de la ley Guastella, que establecía un plazo máximo de tres años para finalizar los procesos penales. Si esto prospera en Senadores, el tiempo volverá a ser de cuatro años.
El planteamiento que obtuvo media sanción en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, elimina la ley conocida como Guastella, la cual estipula un tiempo tope de tres años para la conclusión de los procesos judiciales.
Con la eliminación de esta normativa el plazo volverá a ser de cuatro años, tiempo considerado más acorde para las investigaciones y la conclusión de los casos. Este plazo corresponde a la ley Camacho, presentada en su momento por el senador Emilio Camacho.
La diputada Rocío Casco advirtió que el riesgo de la ley Guastella, planteada en su momento por Abel Guastella, era que muchas de las causas podían extinguirse con mayor facilidad mediante las chicanas y mecanismos de dilación. Esto beneficia principalmente a los casos de corrupción.
El propósito de la ley Guastella era agilizar los procesos y evitar una mora excesiva, pero desafortunadamente la intención terminó siendo contraproducente para los fiscales, pues el plazo les quedó corto.
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