La Corte Suprema de Justicia resolvió dar lugar a la acción de inconstitucionalidad presentada por la Confederación Sudamericana de Fútbol, que fue obligada a pagar una suma exorbitante en concepto de indemnización a un colaborador del ente continental.
La determinación fue adoptada por Myriam Peña, Gladys Bareiro y José Raúl Torres Kirmser, miembros de la Sala Constitucional de la CSJ.
Conmebol había presentado tal acción por medio de su representante jurídica, la abogada Montserrat Jiménez, en respuesta a la decisión del juez laboral de Luque Luis Pereira.
Aquél dictamen tuvo confirmación por parte del Tribunal de Apelación en lo Civil de San Lorenzo, lo que obligaba a la Confederación a pagar una suma de casi 54 mil millones de guaraníes, equivalentes a diez millones de dólares.
Ismael Pintos trabajaba como colaborador externo de la Conmebol, realizando programas de televisión y la emisión de revistas mensuales. La administración de Alejandro Domínguez decidió suspender ese nexo, lo que promovió la demanda por parte del comunicador uruguayo.
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