PEKÍN. De reclamar en las calles una mejora de su sistema democrático a la detención de activistas y opositores, y al desmantelamiento forzoso de organizaciones de la sociedad civil: en menos de dos años Hong Kong ha pasado de ser una sociedad vibrante a ver censurado casi cualquier atisbo de disidencia.
Solo entre enero y septiembre de este año medio centenar de organizaciones hongkonesas han decidido disolverse para minimizar los riesgos para sus miembros de ser acusados de alguno de los supuestos de la polémica Ley de Seguridad Nacional, que entró en vigor el 30 de junio de 2020 y que pena hasta con cadena perpetua la “secesión” o la “confabulación con fuerzas extranjeras”.
Se trata de agrupaciones como la Alianza de Hong Kong en Apoyo de los Movimientos Patrióticos Democráticos de China (HKA, en sus siglas en inglés), de Wall-fare (dedicada a luchar por una mejora de las condiciones de vida de los presos), del sindicato de profesores profesionales de Hong Kong o del Grupo de Apoyo a Abogados de Derechos Humanos de China.
También algunas de corte más político como Studentlocalism o Demosisto, fundada entre otros por Joshua Wong - activista actualmente encarcelado por su participación en distintas manifestaciones hongkonesas - y que se disolvió el mismo día de entrada en vigor de la citada ley.
La última en unirse a esta larga nómina es Amnistía Internacional (AI), que no se disolverá, pero sí anunció hoy que su sede local dejará de operar el próximo domingo, mientras que la oficina regional cerrará antes de final de año.
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