El estado de excepción en Honduras ha llegado a seis meses de vigencia, pero, a pesar de las afirmaciones del gobierno y las cifras presentadas por la Policía Nacional, no ha tenido mucho impacto en las actividades de los grupos criminales.
El gobierno de Xiomara Castro implementó por primera vez un estado de excepción en diciembre 2022. Desde entonces, el estado de excepción ha sido extendido dos veces, y continuará hasta el 5 de julio. La política tiene como objetivo reducir la prevalencia de delitos como la extorsión, desmantelar los grupos criminales, reducir la violencia de las pandillas y disminuir la inseguridad que muchos hondureños enfrentan.
La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes disminuyó de 41,2 en 2021 a 35,8 en 2022, y la mayor parte de esos crímenes han sido atribuidos la MS-13 y el Barrio 18, las principales pandillas del país. Aun así, Honduras sigue siendo el país con la mayor tasa de homicidios en Centroamérica, y el segundo a nivel latinoamericano.
Según la Policía Nacional, el estado de excepción “ha posibilitado la captura de más de un centenar de integrantes de estructuras criminales, vinculados a maras y pandillas”. También indicaron que se ha logrado reducir la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en el último año, la contracción más significativa en casi dos décadas, con una reducción del 24% en el índice de homicidios en comparación con el 2022.
En Choloma, un municipio de San Pedo Sula con una fuerte presencia del crimen organizado, los habitantes se sienten más seguros gracias al estado de excepción, dijo Lourdes Reyes, miembro de una junta vecinal de la zona. “Ha bajado la delincuencia y la violencia”, agregó.
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