Con los votos de los opositores María Portillo (PLRA), Lilian González (ANR), Teodoro Mercado (PLRA), Celso Miranda “Kelembu” (CN), Javier Bernal (PLRA), Herminio Corvalán (PPT) y Miguel Prieto (Independiente), la Junta Municipal de Ciudad del Este aprobó ayer solicitar al Poder Ejecutivo la intervención de la administración de la colorada cartista Sandra McLeod de Zacarías. Esto facilitó que una pequeña claque de amigos de la poderosa familia maneje la cosa pública a su antojo, adjudicando obras a las mismas empresas satélites, entregando construcciones inservibles, entre muchas otras irregularidades, sobre las que nunca hubo cuentas claras.
Con los votos de los opositores María Portillo (PLRA), Lilian González (ANR), Teodoro Mercado (PLRA), Celso Miranda “Kelembu” (CN), Javier Bernal (PLRA), Herminio Corvalán (PPT) y Miguel Prieto (Independiente), la Junta Municipal de Ciudad del Este aprobó ayer solicitar al Poder Ejecutivo la intervención de la administración de la colorada cartista Sandra McLeod de Zacarías. Fuera del recinto, una ruidosa manifestación de ciudadanos que pedía a gritos la investigación de la municipalidad, celebró la decisión de los ediles.
La aprobación de la intervención puede ser considerada un evento histórico en la comuna local, considerando que desde hace dos décadas el clan Zacarías integrado por Javier, Justo y Sandra hacen lo que se les viene en gana tanto en Ciudad del Este como en el Alto Paraná, sin que ningún pedido de investigación o denuncia de hechos de corrupción, por más pruebas que existan, haya tenido eco.
Año tras año, la poderosa familia política con tentáculos en todos los poderes del Estado, ha manejado a su antojo la cosa pública como si fuera de su propiedad y sin que la ciudadanía tenga la posibilidad de cuestionar la gestión. Durante años tuvieron toda una telaraña de protección desde todos los ámbitos, incluyendo la prensa, que se encargaba de acallar y denigrar a todo aquel que se atreviera a cuestionar a la familia.
Esta red de impunidad, propiciada desde la protección política, la complicidad judicial, fiscal y hasta policial siempre apañó todos los abusos. Esto facilitó que una pequeña claque de amigos de la poderosa familia maneje la cosa pública a su antojo, adjudicando obras a las mismas empresas satélites, entregando construcciones inservibles, entre muchas otras irregularidades, sobre las que nunca hubo cuentas claras.
Leer la nota completa en Vanguardia
