Según informaciones ahora confirmadas por el Ministerio de Hacienda, su máxima autoridad, Lea Giménez, autorizó el pago a sus funcionarios de una suma adicional de tres millones de guaraníes, bajo la figura del “subsidio familiar”. Fue abonada el 7 de diciembre, como resultado de unas gestiones realizadas “a nivel político” por dirigentes sindicales, de acuerdo a versiones del ámbito gremial. Al confirmarse esta “repartija” de dinero público sin justificación alguna, estamos frente a la más hipócrita de las situaciones que nos presenta el Gobierno del “nuevo rumbo”, pues la ministra Giménez era la más tenaz opositora al despilfarro que pone en serio riesgo las finanzas públicas. Esta funcionaria, que venía mostrándose tan puntillosa, saldrá bastante mal parada de la situación, y no sabemos con qué autoridad podrá pedirles en adelante a los legisladores y a la gente en general que se aprieten los cinturones. Los disfraces empleados para no derogar el decreto del Poder Ejecutivo que suspendió las “gratificaciones” a los funcionarios no pueden engañar a nadie. Es repugnante tratar de influir en la decisión de unos electores, tanto con el dinero propio como –peor aún– con el de los contribuyentes.
Según informaciones ahora confirmadas por el Ministerio de Hacienda, su máxima autoridad, Lea Giménez, autorizó el pago a sus funcionarios de una suma adicional de tres millones de guaraníes, bajo la figura del “subsidio familiar”. Fue abonada el 7 de diciembre, como resultado de unas gestiones realizadas “a nivel político” por dirigentes del Primer Sindicato de Funcionarios del Ministerio, de acuerdo a versiones del ámbito gremial.
Al confirmarse esta “repartija” de dinero público sin justificación alguna, estamos frente a la más hipócrita de las situaciones que nos presenta el Gobierno del “nuevo rumbo”, pues la ministra Giménez era la más tenaz opositora al despilfarro que pone en serio riesgo las finanzas públicas.
Si bien la ministra se habría limitado a ejecutar lo convenido, ello no la exime de la responsabilidad de haber incurrido de hecho en un fraude para eludir la suspensión del pago de “gratificaciones anuales o premios al personal” de las entidades dependientes del Poder Ejecutivo, dispuesta por el Decreto Nº 6012/16. Aún más, el entonces ministro de Hacienda, Santiago Peña, calificó en su oportunidad esa medida como parte del “esfuerzo de mejora del gasto público, iniciado hace años”, a raíz de las protestas ciudadanas contra la aprobación de un triple “aguinaldo” por la Cámara de Diputados.
No sabemos si el hoy precandidato presidencial del cartismo seguirá pensando lo mismo, pues él sería el beneficiario político de una compra de votos con el dinero de los contribuyentes, efectuada diez días antes de las elecciones internas de la ANR. Cabe presumir que también esta vez intervino en el contubernio para esquivar lo resuelto por el Presidente de la República, con el consentimiento de este, tal como lo habría hecho antes cuando el jefe de la Essap, José Arce López, recurrió con igual objetivo al “subsidio familiar”.
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