“Basta ya, basta de la desvergonzada corrupción e impunidad a la que se ha llegado. Miremos la casa de Astrea, la casa de la justicia; ya no podemos permanecer impasibles. La ley no es igual para todos. Es sabido que los políticos tienen sometidos a los jueces y fiscales mediante organismos controlados por ellos mismos”, expresaba con énfasis el obispo de la diócesis de Caacupé, monseñor Ricardo Valenzuela en su homilía del 8 de diciembre de 2018.
Según estadísticas del Ministerio Público, existen unas 60.000 órdenes de captura emitidas y no cumplidas, solo el 5% del que comete un delito es procesado y un 1% es condenado. ¿Cómo se puede hablar de justicia al analizar estas cifras?
Nuestro sistema de justicia está tan corrompida que permite que personas que cometieron crímenes recuperen su libertad en poco tiempo y casi en forma inmediata vuelven a delinquir. Mientras, las víctimas viven en zozobra ante las amenazas de venganza de los criminales.
Los más beneficiados son los que tienen recursos para pagar abogados especialistas en manejar el sistema y a jueces y fiscales como mejor convenga. O los políticos que tienen influencia, tal como quedó demostrado en el caso de los audios filtrados de Óscar González Daher que desnudaron un tráfico de influencia y la podredumbre dentro del Poder Judicial.
Ingenuamente se piensa que creando más leyes se resolverá esa situación que indigna a la población que vive con integridad en nuestro país, cuando se necesita que la ley sea aplicada y las instituciones encargadas de aplicarla funcionen de forma independiente.
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