Hacia un cambio de paradigma: el Estado que fracasa y lo seguirá haciendo - Económico - ABC Color

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Los últimos hechos criminales sucedidos como el asesinato del fiscal Marcelo Pecci, el atentado contra el intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo, muestran fuera de toda duda razonable que la seguridad que debería ser garantizada por el Estado mediante sus respectivas instituciones ha fracasado.

Este fracaso no es de ahora, es de hace mucho. El Estado como organización política jurídica, de hecho, es el principal agente violentador consuetudinario de los derechos individuales, motivo por el cual su existencia como tal no es ninguna garantía de que esto que viene sucediendo cambiará en el corto o mediano plazo.

Si el propio Estado mediante su respectivo gobierno es capaz, sin visos de limitarse de extraer el dinero de la gente y malgastarlo, si es capaz de llenar con papeles y burocracia la tarea emprendedora, es capaz como lo hace de endeudar a generaciones más jóvenes sin su debido consentimiento, o si es igualmente capaz de preparar y exigir mediante la coerción más impuestos para seguir metiendo dinero a un barril sin fondo, pues entonces digámoslo sin titubeos ni con demasiada diplomacia: el Estado es y se ha convertido todavía más en los últimos tiempos (y no solo aquí en Paraguay sino en el...

Sin embargo, y en atención al orden social que hoy tenemos en donde la existencia jurídica y acción del Estado está avalada por el positivismo jurídico del cual demasiada gente le rinde pleitesía, se hace necesario llevar a este Leviatán a su redil, de modo a que cumpla el rol de al menos llevar a cabo una parte de su tarea en atención a lo establecido en nuestra ley fundamental.

Y no solo se trata de elevar la calidad de los recursos humanos y de aumentar el respectivo presupuesto para más y mejores tecnologías y otros insumos necesarios. La cuestión está en otra parte. Debemos ir preparando un cambio del actual paradigma en el que la seguridad se convierta en una acción deliberada desde una alianza público-privada en que la gestión del gobierno deberá ser controlada por los ciudadanos que, por cierto, pagan y sufren las consecuencias de la inseguridad.

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