La Constitución Nacional ha tenido infinitas violaciones a lo largo de estos 30 años, algunas por descuido, por desconocimiento o, abiertamente, por
La Constitución Nacional ha tenido infinitas violaciones a lo largo de estos 30 años, algunas por descuido, por desconocimiento o, abiertamente, por conveniencia; y muy raras veces, alguna de estas actuaciones tuvo castigo, lo que hizo que para un amplio sector de la clase política la Carta Magna se haya convertido en un recurso de oratoria pero no de cumplimiento obligatorio.
Decir que el respeto a la propiedad privada es ineludible parece casi una perogrullada. Nadie puede apoderarse de algo que pertenece a otra persona sin cometer un hecho punible, no hay forma. Así que las invasiones de tierra son, desde todo punto de vista, cuestionables y criminales. Y quienes las alientan violan normas no solo constitucionales sino también de sentido común.
Pero esto parecen no verlo quienes aseguran trabajar por los derechos del pueblo más carenciado, como el vicepresidente primero del Senado, Sixto Pereira, y toda su bancada, Frente Guasu, quienes se han acostumbrado a hacer proselitismo alentando las invasiones de tierras que tienen dueños y son racionalmente trabajadas.
El argumento que utilizan estos políticos es que esas tierras fueron vendidas de manera irregular durante la dictadura stronista, o que son territorio original de pueblos nativos. Aunque alguna vez eso sea verdad, no es invadiendo la propiedad como se logrará justicia puesto que los propietarios cuentan con sus títulos legales y tienen derecho a exigir a los órganos de seguridad del Estado que los defiendan de los invasores.
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