Hace ocho meses que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) oculta a miles de “planilleros” contratados para trabajar supuestamente para las elecciones generales del 22 de abril pasado. De esta manera viola la Ley de Transparencia. Por otro lado, Jaime Bestard (ANR, cartista) usurpa el cargo en el TSJE porque tiene mandato vencido.
La Ley N° 5189/14 de Transparencia obliga a los entes públicos a divulgar en sus respectivos sitios webs su nómina de funcionarios asalariados. Sin embargo, la norma considerada como un logro de la ciudadanía, es incumplida por numerosas entidades estatales desde enero y los datos vuelven a ser “Secreto de Estado”.
El principal infractor de la ley es el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). La entidad maneja un presupuesto anual de US$ 90 millones y hasta diciembre de 2017 tenía un plantel de 7.000 funcionarios entre permanentes y contratados.
Los responsables de no divulgar los datos oficiales son los tres miembros del TSJE: Jaime Bestard (ANR, cartista), María Elena Wapenka (PRF) y Alberto Ramírez Zambonini (PLRA).
Actualmente Bestard y Wapenka tienen mandatos vencidos desde el 22 de agosto pasado, teniendo en cuenta que asumieron sus funciones en el 2013 y aún no fueron confirmados. Ambos están usurpando funciones debido a que no hay reconducción tácita.
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