El titular de la Justicia Electoral, Jaime Bestard, habría actuado en forma ilegal y unilateral al suspender a cuatro funcionarios de sus cargos al ejecutar la Ley N° 1626 de la Función Pública, que no es aplicable al órgano.
A fines de diciembre, el presidente de la Justicia Electoral resolvió suspender a los funcionarios imputados: Christian Bogado del cargo de director de Recursos Humanos, a Modesto Núñez de la Superintendencia, a María Isabel Quintana Ríos de la Supervisión de Recursos Humanos y a Víctor Báez de la jefatura de gabinete de Alberto Ramírez Zambonini, con base en la Ley de la Función Pública.
Bestard utilizó el artículo 43 de la Función Pública en el que establece que cuando un funcionario público fuera imputado de hechos tipificados como punibles será suspendido en el cargo por el tiempo que dure el proceso.
Sin embargo, en octubre del 2013 la Corte declaró inaplicable la ley para la Justicia Electoral luego de que esta institución atacara de inconstitucional.
La Ley 1626/00 de la Función Pública, al ser una ley general para la función pública, no puede derogar o dejar sin efecto a la Ley 635/95 que reglamenta la Justicia Electoral al ser esta una ley especial para un ente autónomo.
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