A propósito del acuerdo sobre la tarifa de Itaipú, exponentes del Gobierno informaron al principio que Paraguay quedaba habilitado “de inmediato” para comercializar sus excedentes en el mercado brasileño. Luego el propio Presidente de la República tuvo que desmentirlo y admitir que la alusión en el texto del documento solo se refiere a energía proveniente de otras fuentes, no de la binacional, pero de todos modos se dijo que servirá “de ejercicio” para estar plenamente capacitados para vender toda la disponibilidad a partir de 2027. Sin embargo, ya estamos casi en junio, las subastas de energía típicamente se realizan en octubre para todo el año siguiente, todavía resta mucho por hacer y no se mueve un dedo para ello.
A propósito del acuerdo sobre la tarifa de Itaipú, varios exponentes del Gobierno, entre ellos el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez García de Zúñiga, en una primera instancia informaron que Paraguay quedaba habilitado “de inmediato” para comercializar sus excedentes en el mercado brasileño. Luego el propio Presidente de la República tuvo que desmentirlo y admitir que la alusión en el texto del documento solo se refiere a energía proveniente de otras fuentes, no de la binacional, pero de todos modos el ministro Giménez dijo que servirá “de ejercicio” para estar plenamente...
De hecho, ya antes de este convenio no existía ningún impedimento formal para la comercialización directa a los distribuidores brasileños de la energía que no fuera de Itaipú, por ejemplo la de Acaray, e incluso Brasil lo había aprobado expresamente en ocasión del acuerdo refrendado por Inácio Lula da Silva y Fernando Lugo en 2009. El que nunca se haya concretado se debe a que, para ello, se requiere una serie de prerrequisitos que dependen exclusivamente de Paraguay y que jamás se han materializado.
Uno de ellos es la sanción, promulgación y reglamentación de un marco regulatorio que establezca las reglas del juego, ya que en esta actividad intervienen no solamente la ANDE como principal oferente, sino también un conjunto de operadores e intermediarios, mayormente privados, tanto del lado de los vendedores como de los compradores y de los financistas.
Pasaron quince años y ningún gobierno, ni el de Lugo, ni el de Federico Franco, ni el de Horacio Cartes ni el de Mario Abdo Benítez, presentó siquiera una propuesta, mucho menos un proyecto de ley en esa dirección. Si la administración de Santiago Peña realmente pretende “ejercitarse” para aprovechar al máximo este negocio, más vale que se apure, porque apenas le quedan unos pocos meses para tener la ley, contactar con expertos e interesados, definir los productos, armar los bloques y convocar a las subastas en tiempo y forma en Hernandarias.
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