AREGUÁ. La Contraloría General de la República (CGR) afirma que en la rectificación de la rendición de cuentas presentadas por la Gobernación de Central se incluyó la contratación de obras que ya fueron ejecutadas antes de la promulgación de la Ley Nº 6641/2020 de emergencia sanitaria por covid-19, que impulsó la reactivación económica en el XI departamento. El ente contralor confirmó que el gobernador Hugo Javier González (ANR- HC) es el principal responsable de velar por los recursos, pero le recomendó fortalecer su control interno.
La Contraloría General de la República (CGR) fiscalizó las 14 obras hechas por la oenegé G Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) por un valor de G. 5.105 millones, otorgados por la Gobernación de Central, administrada por
La institución departamental recibió del Ejecutivo en diciembre de 2020 la suma de US$ 1 millón (G. 6.382 millones), del fondo covid-19, en el marco de la Ley Nº 6641/2020, para la reactivación económica en el departamento Central.
En la rendición de cuentas de la Gobernación aparecen facturas clonadas, anuladas, comprobantes sin recibos de cancelación, empresas fantasmas, entre otras anomalías. La causa es investigada por el Ministerio Público y fueron imputadas 16 personas, entre ellas Hugo Javier y Tadeo Álvarez, presidente de CIAP, por lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, asociación criminal y declaración falsa.
Al respecto, en el informe final de fiscalización el equipo auditor observó al gobernador Hugo Javier sobre la rectificación de la rendición de cuentas presentada por la Gobernación de Central, donde “se incluyó la contratación de obras que ya se encontraban ejecutadas al momento de la firma del contrato, y por otro lado, la recepción definitiva de una obra sin que la misma esté efectivamente terminada”.
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