Dos días antes de que el Senado tratase el proyecto de ley que modifica algunas normas de la ley que reglamenta la declaración jurada de bienes y rentas de los funcionarios públicos, el presidente de la CSJ, José Raúl Torres Kirmser, remitió al Senado un insólito documento en el que recomienda modificar la redacción del mencionado proyecto de ley. Este dictamen avasalla el principio fundamental del sistema republicano establecido en el art. 3 de la Constitución, que establece la división de los Poderes “en un sistema de independencia, equilibrio, coordinación y recíproco control”, además de violar otras disposiciones constitucionales y legales. Cabe preguntar cuál es el motivo de la preocupación de la CSJ en un asunto del todo ajeno a sus funciones. Tal vez los ministros tengan mucho que esconder y teman que sus respectivos patrimonios sean conocidos por la opinión pública, porque los vecinos podrían descubrir, por ejemplo, que no declararon todos sus bienes. Este flagrante atropello a otro poder del Estado no debe quedar impune, ya que afecta la institucionalidad republicana. La Cámara de Diputados debe acusar a los ministros de la CSJ ante el Senado para que sean sometidos a juicio político por mal desempeño de funciones.
Dos días antes de que el Senado tratase el proyecto de ley que modifica algunas normas de la ley que reglamenta la declaración jurada de bienes y rentas de los funcionarios públicos, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Raúl Torres Kirmser, hizo llegar al de la Cámara de Senadores, Silvio Ovelar, un insólito documento que concluía así: “En atención a las consideraciones expuestas, RECOMENDAMOS MODIFICAR LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE LEY (las mayúsculas son nuestras) de manera a no afectar otros derechos de máxima jerarquía constitucional y legal, así como armonizar el...
Este dictamen, emitido el 2 de octubre por el pleno de la máxima instancia judicial, avasalla, para comenzar, el principio fundamental del sistema republicano establecido en el art. 3 de la Constitución, que establece la división de Poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial “en un sistema de independencia, equilibrio, coordinación y recíproco control”. Pero hay más, pues también viola gravemente el mismo artículo en la parte que dispone que ninguno de los poderes del Estado puede atribuirse facultades extraordinarias. En efecto, ni el art. 259 de la Carta Magna ni el 3° de la Ley N°...
En efecto, la cuestión sube de punto cuando, arrogándose la potestad de “recomendar”, los ministros pretenden influir en una decisión privativa del Congreso que, por cierto, cuenta con Comisiones Asesoras Permanentes. Es presumible que si el Senado se atreviera a sugerirles institucionalmente que dictaren un fallo determinado en cierto sentido, pegarían el grito al cielo con toda razón, invocando la norma constitucional que prohíbe a los miembros de los otros poderes “intervenir de cualquier modo en los juicios”.
El art. 203 de la Constitución autoriza a la CSJ a proponer una ley, pero no a inmiscuirse en el tratamiento parlamentario de una iniciativa, de modo que los senadores debieron haber rechazado su insolencia con toda firmeza. Es plausible que hayan aprobado el proyecto de ley sin tener en cuenta el aberrante dictamen, pero tuvieron que haber hecho algo más, como pedir al presidente del cuerpo que lo devolviera a sus autores por el agravio que implicó.
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