Por medio de un manifiesto, la Asociación de Abogados Penalistas, manifestó su preocupación por los aspectos contenidos la ley que pretende reducir la mora judicial, conocida como “antichicanas”, adelantando que pone en riesgo principios esenciales en el ejercicio del derecho. El gremio profesional aborda específicamente lo referente a las recusaciones, e insiste que “tiene como […]
Por medio de un manifiesto, la Asociación de Abogados Penalistas, manifestó su preocupación por los aspectos contenidos la ley que pretende reducir la mora judicial, conocida como “antichicanas”, adelantando que pone en riesgo principios esenciales en el ejercicio del derecho.
El gremio profesional aborda específicamente lo referente a las recusaciones, e insiste que “tiene como único blanco al justiciable y a sus apoderados abogados sin importar el rol que cumplan en el proceso (querellante, accionante o procesado), al pretender eliminar o limitar indebidamente el libre ejercicio de los derechos al reclamo e impugnación ante los magistrados”
“No se puede impedir anticipadamente y por ley, el ejercicio de esos derechos sin someter a un correcto análisis los posibles motivos que pudieran invocar las partes y privar de esa manera al afectado la oportunidad de reclamar y recurrir, garantizado en la ley inclusive en el Pacto de San José de Costa Rica suscripto por el Estado paraguayo, lo que de darse significaría un grave retroceso hacia el sistema anterior aparentemente ya superado pero con riesgo de retornar, situación que no compartimos en absoluto.”
Expresa a su vez que aun “con motivos fundados que surjan antes o durante el desarrollo del proceso por lo que el mismo atentaría gravemente contra el principio de igualdad ante la ley, la seguridad jurídica, el debido proceso y los derechos de las partes, (esto afecta a cualquier ciudadano y no solo a los profesionales del derecho) y de sus abogados representantes garantizados legalmente.”
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