La Asociación de Abogadas Multifueros de Itapúa, a través de un comunicado, expresó su preocupación e indignación al presidente Santiago Peña sobre el Proyecto de ley que permite a los defensores públicos regular honorarios, recientemente sancionado por el Congreso. Exigen que sea rechazado, al considerarlo inconstitucional. Se trata del proyecto de Modificación de los artículos […]
La Asociación de Abogadas Multifueros de Itapúa, a través de un comunicado, expresó su preocupación e indignación al presidente Santiago Peña sobre el Proyecto de ley que permite a los defensores públicos regular honorarios, recientemente sancionado por el Congreso. Exigen que sea rechazado, al considerarlo inconstitucional.
Se trata del proyecto de Modificación de los artículos 59 y 76 de la Ley N° 4423/2011 Orgánica del Ministerio de la Defensa Pública. “Es inconstitucional, en el caso de que sea aprobado en los términos del proyecto presentado, se convertirá automáticamente en una ley inconstitucional por violar lo preceptuado en el art. 17 de la Constitución Nacional que consagra: «Los Derechos Procesales. En el proceso penal o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción que toda persona tiene derecho… núm. 6) que el estado le provea de un defensor gratuitos”, afirmó el gremio en el comunicado.
Refieren además que el proyecto sancionado por el Congreso, “desnaturaliza la finalidad del Ministerio de la Defensa Pública cuando pretende introducir el siguiente apartado: … En los demás casos, los defensores públicos deberán regular sus honorarios. Disponiendo un imperativo legal obligacional de la regulación judicial de los honorarios de los defensores por las actuaciones realizadas a favor de su defendido contra poniéndose en el artículo tercero de la propia Ley N° 4423/2011 que dispone: «Principios específicos. La defensa pública adecuará su actuación a los siguientes principios...
“Respecto al punto del artículo 59 bis que se pretende modificar y copiar textualmente expresa: Una vez presentado el pedido de regulación, el secretario del juzgado o tribunal elaborará el proyecto de liquidación conforme lo previsto en el Art. 272 del Código Procesal Penal, y luego correrá trasladó personalmente al imputado de este proyecto de liquidación y del escrito presentado por el defensor público. En este plazo, el imputado podrá cuestionar, fundadamente, el pedido de regulación o el monto consignado en el proyecto. Si lo considera necesario, el juez podrá convocar a una audiencia...
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