El Gobierno Nacional, a través de un comunicado oficial de la Presidencia de la República, anunció la reglamentación de la Ley de Concesiones de Obras y Servicios Públicos, un paso considerado histórico para impulsar el desarrollo del país. El Gobierno enfatizó que esta medida refleja un trabajo unido para lograr, con mayor inversión en infraestructura, un mayor bienestar para todos los paraguayos y un desarrollo nacional sostenido.
Después de casi 25 años, el Poder Ejecutivo actualizó el decreto que reglamenta esta ley, con el objetivo fundamental de modernizar sus reglas y crear un entorno más dinámico y atractivo para la inversión privada. Según el comunicado oficial, la actualización busca potenciar la infraestructura y la provisión de servicios públicos, situando al sector privado como un aliado estratégico en el progreso del país.
Entre las innovaciones más destacadas de la nueva normativa se introduce el mecanismo de iniciativa privada. Esto, según la Presidencia, alinea los incentivos de los proponentes con los establecidos en la Ley de Alianza Público-Privada (APP), fortaleciendo el marco legal para fomentar una colaboración más fluida y eficiente entre el Estado y los inversionistas.
Ante este anuncio, el economista Jorge Garicoche, de la consultora Mentu, quien hace años realiza un seguimiento exhaustivo a la inversión en infraestructura, se mostró interesado por la medida. “Hacer una revisión de una normativa después de más de dos décadas siempre es interesante”, comentó, aunque fue sincero al aclarar que aún no había tenido oportunidad de analizar el texto completo del decreto.
Más allá del detalle jurídico, Garicoche valoró positivamente la intención de movilizar la participación del sector privado. El economista consideró que las alianzas público-privadas son una herramienta a la que “aún no le sacamos todo el jugo” en Paraguay. En este sentido, destacó específicamente el potencial de la iniciativa privada, un elemento que, a su juicio, el país debe aprender a aprovechar.
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