El Gobierno contrató al estudio jurídico Arnold & Porter LLP en EE.UU. para asegurar que los bonos emitidos por el Paraguay en el mercado internacional no queden inmovilizados a causa del litigio que sostiene el país con 10 bancos internacionales por el fraude de Gramont. A inicios de año el Banco Meinl Bank de Austria remitió notas a Hacienda, advirtiendo que podrían accionar contra los bonos. El Banco Paribás reclama US$ 25 millones de un total de US$ 95 millones.
El procurador general de la República, Roberto Moreno, confirmó que el Gobierno contrató abogados en los Estados Unidos de América para resguardar la emisión de bonos que hizo el país en el mercado internacional. Aseguró que “existía un riesgo real” y que por eso inmediatamente se buscó a los mejores estudios jurídicos para poder hacer un seguimiento y evitar que los fondos sean inmovilizados.
Moreno explicó que a finales de 2014 y principios de 2015 el Meinl Bank de Austria remitió notas al Ministerio de Hacienda donde se indicaba que en el marco del juicio internacional por el caso Gustavo Gramont Berres y un grupo de 10 bancos, que data de 1986. La información que se tiene es que Paribás podría accionar contra el Estado para cobrar unos US$ 25 millones de una deuda total de US$ 95 millones. “Cuando el Ministerio de Hacienda recibe esa nota empezamos a movernos para poder asegurar que el país no sea afectado. Ahí buscamos al mejor estudio jurídico”, indicó.
En los primeros meses del año, el Paraguay debía cumplir con el pago de los intereses correspondientes a la emisión de bonos soberanos, emitidos en el mercado de valores de Nueva York, en el mes de febrero de 2015. Con la nota remitida por el Meinl, esos pagos podrían ser afectados e incluso inmovilizados. “Para nosotros claramente existía un riesgo”, remarcó Moreno.
Ante es situación el Gobierno contrató al estudio jurídico Arnold & Porter LLP que –además de ser uno de más reconocidos en temas de litigio internacional– tenía en sus filas a Paolo Di Rosa, un ciudadano paraguayo graduado con honores en la Universidad de Harvard y que además es especialista en arbitraje internacional y asuntos jurídicos para Latinoamérica. “Es un compatriota que tiene vasta experiencia en servicios jurídicos para entidades gubernamentales y cuestiones de derecho internacional público, incluyendo inmunidad soberana y ejecución de laudos arbitrales”, sostuvo Moreno.
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