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Ciudad de Panamá, 30 oct (EFE).- El futuro del contrato que extiende la explotación de una gran mina de cobre a cielo abierto en Panamá, que desencadenó las mayores protestas populares en décadas en el país, se debate entre una consulta pública propuesta por el Gobierno o la declaración de inconstitucionalidad que impulsan los activistas.
Se trata de la mina Cobre Panamá, explotada por Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals, que comenzó a gestarse en 1991, alcanza una inversión de 10.000 millones de dólares, y genera más de 9.000 empleos directos y 40.000 indirectos, según datos de la empresa y el Gobierno de Laurentino Cortizo.
Las manifestaciones contra el contrato comenzaron a inicios de este año, luego de que la minera y el Ejecutivo alcanzaron un acuerdo de renovación tras unas duras negociaciones de más de un año, necesarias porque el contrato previo fue declarado inconstitucional en 2017 por la Corte Suprema de Justicia.
Pero las protestas se recrudecieron desde el pasado 23 de octubre, tres días después de que el nuevo contrato ley que renueva por 20 años prorrogables la concesión fue aprobado en un proceso express por el Parlamento y el Ejecutivo.
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