Los funcionarios judiciales, ya sean contratados o nombrados, ya no podrán ejercer actividades político-partidarias, conforme estableció la Corte. En caso de incumplimiento, pueden ser desvinculados. Los que quieran ser candidatos o directivos de agrupaciones deberán seguir un procedimiento especial.
Funcionarios del Poder Judicial ya no pueden activar en política
La aprobó ayer, miércoles, en su última sesión plenaria ordinaria, la Acordada Nº 1.679 “Que reglamenta los procedimientos relativos a la administración de personal del Poder Judicial” y cuya vigencia se establece desde el 1 de marzo del 2023.
En el artículo 25 de este documento se establece que todo funcionario judicial, ya sea contratado o nombrado, tiene la “prohibición de participar en actividades político-partidarias” dentro de la institución o fuera de ella. Esto se aplica tanto para partidos y movimientos como alianzas y concertaciones políticas.
De esta norma, según se menciona, solamente están excluidos los ministros de la Corte.
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