Policías y agentes del Servicio de Inteligencia (Sebin) sitiaron sede legislativa, impidiendo ingreso de congresistas para sesionar.
La congresista denunció “una política para debilitar la Asamblea”, ente que en la práctica fue anulado por una decisión judicial y sustituido en sus funciones por la oficialista Asamblea Constituyente. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de línea oficialista, acusó a los diez diputados de traición a la patria por el fracasado alzamiento militar, encabezado por Guaidó y su copartidario Leopoldo López, liberado de su arresto domiciliario y refugiado desde entonces en la residencia del embajador de España.
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