En el Congreso se abrió el debate entre establecer topes para el aporte privado en las campañas políticas y en la misma medida, establecer mecanismos de control más rigurosos para filtrar el dinero sucio que pueda correr por parte de poderes fácticos, como el narcotráfico.
La organización subraya en reiteradas ocasiones en su informe que se debe poner límite al aporte privado porque “puede perjudicar la equidad”.
Añade que “debiera considerarse la estimulación del financiamiento público y la restricción del privado, pero procurando un balance generador de equidad y representación de acuerdo con el contexto específico. Un sistema equitativo debiera ser mixto, es decir, contar con los recursos públicos suficientes para garantizar condiciones de equidad en la competencia electoral, y con financiamiento privado para preservar la extensión del derecho”.
Precisamente coherente con esta línea, desde la coordinación del financiamiento político de la Justicia Electoral, el funcionario César Rossel señala que un sistema mixto, donde ninguno de los aportes –ni el público ni el privado se supedite al otro– es el modelo electo por los países democráticos.
Señala que en la región los únicos países que pusieron como ejemplo no tienen financiación pública al contrario de los demás, dijo, son Venezuela y Bolivia.
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