Con apenas un 12% de participación ciudadana, el proceso de elección de jueces impulsado por el oficialismo mexicano fue cuestionado por su falta de garantías democráticas, errores de diseño y manipulación. La elección popular de jueces en México, realizada el domingo 1 de junio, concluyó con una de las participaciones más bajas de la historia […]
Con apenas un 12% de participación ciudadana, el proceso de elección de jueces impulsado por el oficialismo mexicano fue cuestionado por su falta de garantías democráticas, errores de diseño y manipulación.
La elección popular de jueces en México, realizada el domingo 1 de junio, concluyó con una de las participaciones más bajas de la historia electoral reciente del país: cerca del 12% del padrón acudió a votar. El proceso, propuesto por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y ejecutado por la actual mandataria, Claudia Sheinbaum, fue duramente criticado por especialistas, jueces y observadores internacionales por sus múltiples fallas, falta de legitimidad y retrocesos institucionales.
La magistrada Emilia Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, calificó el proceso como “desaseado, ilegal” y una “reversión histórica de garantías democráticas”. A su juicio, la elección no solo vulneró la independencia judicial, sino que se desarrolló sin condiciones mínimas de transparencia y representatividad.
Los comicios buscaban cubrir 881 cargos judiciales, pero se vieron marcados por improvisaciones, boletas mal diseñadas, ausencia de fiscalización ciudadana, y múltiples irregularidades. Según Molina, en muchos casos los votantes –en su mayoría adultos mayores– fueron presionados a sufragar bajo la promesa de conservar sus pensiones. Además, en algunos distritos se repartieron “acordeones” con instrucciones explícitas sobre a quién votar, práctica prohibida por la ley electoral salvo en casos de discapacidad grave.
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