El Ministerio Público atribuye al mandatario y a la vicepresidenta Karin Herrera el delito de "incumplimiento de deberes" por la evasión de cabecillas de la pandilla Barrio 18 de la prisión Fraijanes II, que desató una crisis en el gobierno.
El escape de los pandilleros, calificados como organización "terrorista" por Estados Unidos y Guatemala, generó una crisis de seguridad que llevó al presidente Arévalo a destituir a su gabinete de seguridad. La evasión de los internos aún no ha sido esclarecida, según la Fiscalía, y por ello considera que el mandatario podría haber incurrido en responsabilidad penal por su incumplimiento en la supervisión y custodia del sistema penitenciario.
El pedido de retiro de inmunidad incluye también a la vicepresidenta Karin Herrera, bajo la misma acusación, con el objetivo de que ambos puedan ser investigados sin los privilegios que les otorga su investidura.
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