El fiscal Luis Piñánez solicitó la pena de 4 años y 6 meses de cárcel para el asistente fiscal Ramón Petters, y de 3 años y 6 meses para el abogado Raúl Cardozo. Ambos están acusados por tráfico de influencias tras presuntamente exigir la suma de G. 5.000.000 para evitar que el Ministerio Público presentara […]
El fiscal Luis Piñánez solicitó la pena de 4 años y 6 meses de cárcel para el asistente fiscal Ramón Petters, y de 3 años y 6 meses para el abogado Raúl Cardozo. Ambos están acusados por tráfico de influencias tras presuntamente exigir la suma de G. 5.000.000 para evitar que el Ministerio Público presentara una imputación en una causa por violencia familiar. El juicio oral continuará el próximo 20 de julio a las 10:00 horas.
El caso penal se originó a partir de la denuncia de una ciudadana cuyo esposo se encontraba bajo investigación legal. Según detalló el fiscal Piñánez, en ese contexto, «un asistente fiscal le solicitó dinero a los efectos de poder de alguna manera intermediar y de esa forma poder evitar la imputación». El agente fiscal de la Unidad Anticorrupción precisó que dicha solicitud ilícita «fue hecha a través del abogado del procesado».
Al recibir la alerta sobre el pedido de coima, los denunciantes acudieron a la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción. «Van contando esta situación y ahí es donde se monta un procedimiento», relató Piñánez. La investigación culminó con un operativo de entrega vigilada, donde se logró sorprender a los involucrados, quienes además enfrentan cargos por supuesta resistencia al oponerse al procedimiento policial.
Piñánez se refirió a los motivos por los cuales la conducta fue calificada como tráfico de influencias y no como cohecho pasivo (coima). Explicó que la tipicidad de este hecho punible radica en la simulación de un poder de intermediación que el funcionario realmente no posee.
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