La Fiscalía recomendó a la Corte Suprema de Justicia rechazar la excepción planteada por la Entidad Binacional Itaipú y aclara que no existe vulnerabilidad en relación al pedido de informes de la Cámara de Diputados sobre las contrataciones millonarias de estudios jurídicos. La respuesta se enmarca en el juicio de amparo constitucional promovido por los diputados Kattya González y Édgar Acosta contra la Entidad y que la Itaipú recurrió.
El fiscal adjunto Federico Espinoza aconsejó el rechazo de la acción de inconstitucionalidad planteada por la Itaipú a través del abogado Óscar Adolfo Bogado en torno a la exigencia de libre acceso a la información. Uno de los contratos millonarios de la Entidad guarda relación con la solicitud de pedido Nº 10065648, para la contratación de la empresa Geolegal estudio jurídico ambiental sociedad simple. Se procedió a la contratación directa de la firma para el asesoramiento jurídico en el ámbito ambiental, laboral, penal, civil y comercial por la suma de G. 1.440 millones, equivalente a USD...
Leer la nota completa en Diario UltimaHora