La versión del MOPC de que a Royal SA, de Juan Carlos López Moreira, se le perdonó el pago de millonarias pólizas por un supuesto acuerdo “con venia de la Fiscalía”, cae por tierra con la afirmación de una agente fiscal.
“Nosotros no somos entes de acuerdos administrativos”, fue la respuesta que nos dio ayer la fiscala Yolanda Portillo al consultarle si es cierto que el Ministerio Público había dado su aval a un supuesto acuerdo entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y las empresas contratistas para las obras del Pilcomayo. Este acuerdo, alegado por el MOPC, tuvo como resultado que Royal SA, la aseguradora de Juan Carlos López Moreira, se salvara de pagar pólizas que suman casi G. 10.000 millones.
Esta semana el MOPC envió un comunicado diciendo que “los trabajos comprometidos fueron realizados y el acuerdo se produjo con conocimiento y venia de la Unidad Fiscal que lleva adelante la investigación penal conforme a la denuncia presentada por el propio Ministerio”.
“No es así. No sé de dónde quitan eso. Es información que está totalmente sacada de contexto”, expresó la fiscala cuando le consultamos por el acuerdo y su supuesta venia.
También explicó que hay dos causas abiertas en este tema y que una de ellas está por ser elevada a juicio oral, tras haberse presentado acusación contra el entonces director de la Comisión del Pilcomayo, Daniel Garay, y varios técnicos.
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