A pesar de que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) denunció formalmente la presunción de corrupción durante la gestión de Liliana Benítez Gneiting, al frente de la Dirección General de Administración y Finanzas, el Ministerio Público “cajonea” la investigación. Ahora surgen sospechas de direccionamiento de licitaciones para alquileres de oficinas, a fin favorecer a empresas amigas, entre ellas a la firma Naisal Negocios Inmobiliarios SA, de Ismael Hadid. La misma exfuncionaria y su entonces encargado de la Unidad de Contrataciones Públicas (UOC), Raúl Castagnino, serían los responsables de las irregularidades.
Liliana Benítez, exadministradora del TSJE, sospechosa de hechos de corrupción.
A pesar de que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) denunció formalmente la presunción de corrupción durante la gestión de Liliana Benítez Gneiting, al frente de la Dirección General de Administración y Finanzas, el Ministerio Público “cajonea” la investigación. Ahora surgen sospechas de direccionamiento de licitaciones para alquileres de oficinas, a fin favorecer a empresas amigas, entre ellas a la firma Naisal Negocios Inmobiliarios SA, de Ismael Hadid. La misma exfuncionaria y su entonces encargado de la Unidad de Contrataciones Públicas (UOC), Raúl Castagnino, serían los...
Según los informes a los que accedió La Voz digital, Benítez y Castagnino manejaron a su antojo el dinero público a través de las licitaciones para beneficiar a cierto sector empresarial, a cambio de otros “beneficios”.
La empresa Naisal SA se habría quedado con una licitación de G. 11.000 millones para el alquiler de oficinas distritales en todo el país, además de otros “servicios”. Pero el proceso licitatorio estaría abarrotado de irregularidades, lo que el Ministerio Público debería investigar y, por consiguiente, considerar la cancelación del contrato con la firma mencionada.
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