PANAMÁ. La Fiscalía panameña finalizó hoy un allanamiento a las oficinas del bufete de abogados Mossack Fonseca, sin conseguir evidencias “contundentes” de delitos relacionados al escándalo de los papeles de Panamá.
El fiscal Javier Caraballo, titular de la Fiscalía Segunda Especializada Contra la Delincuencia Organizada, dijo a periodistas que la abundante información recolectada de más de 100 servidores de la firma, especializada en gestión de patrimonios, fue asegurada para su revisión en las 27 horas que duró el allanamiento. Caraballo descartó medidas cautelares o secuestro de bienes tras la diligencia, que inició ayer martes y se enfocó en recolectar toda la información de la empresa para que pueda ser revisada por el Ministerio Público, aclaró el fiscal.
“ No tenemos elementos contundentes que nos permitan tomar algún tipo de decisión (...) La mayoría de los archivos de la compañía son virtuales, casi no tienen archivos físicos ” , explicó. “ Estamos hablando de una cantidad importante de información que necesita ser analizada para poder llegar a algún tipo de conclusión ” , indicó el fiscal sobre la documentación de Mossack Fonseca, contenida en 100 servidores virtuales y en “ otra gran cantidad de servidores físicos ” .
El domingo 3 de abril, cuando salió a la luz la filtración masiva a la base de datos del bufete panameño, el Ministerio Público anunció que investigaría si la firma había incurrido en delitos para ayudar a personalidades del mundo a gestionar sus patrimonios al margen de la ley y del fisco de varios países, como reportaron medios internacionales. Sin embargo, pasaron nueve días para que la Fiscalía panameña allanara las oficinas de la empresa, algo que fue criticado por voceros de diversos sectores, como el sindical.
Caraballo aseguró este miércoles que “ las diligencias de este tipo requieren una planificación para que sean efectivas ” . “ La cantidad de servidores requerían de una planificación ” , alegó el titular de una fiscalía especializada cuya creación fue anunciada ayer mismo. El allanamiento requirió de la colaboración de la Unidad Especializada contra el Blanqueo de Capitales, la Policía Técnica Judicial, la Policía Nacional y de otros despachos del Ministerio Público, por “ la complejidad y duración del procedimiento ” , según el fiscal.
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