INCIPIENTE. La Fiscalía sospecha de un esquema que lucra con resoluciones a favor de presos.
Con el proceso iniciado a la funcionaria judicial del Departamento de Estadísticas de San Lorenzo, Antonia Galeano, por supuestamente pedir dinero para beneficiar a un procesado, aludiendo de que tenía contacto con jueces, actuarios, ujieres y dactilógrafos, el Ministerio Público no descarta de que haya todo un esquema que opera en el Poder Judicial, dedicado a lucrar con pedidos de coimas para beneficiar con medidas menos gravosas.
La fiscala de Delitos Económicos y Anticorrupción, Yeimy Adle, afirma que está investigando todas las aristas en la causa y que el proceso está en su etapa inicial.
“Ella es funcionaria de la sección de Estadísticas, pero ella tenía conocimiento de la causa, de cuándo se presentaban los pedidos de revisión de medidas, ella sabía y le decía al señor: ‘No te van a dar la medida porque el informe no va a llegar a tiempo’”, explicó la agente fiscal.
Es decir, que la funcionaria hoy imputada “sabía que no se le iba a dar la medida” y por eso pedía dinero para interceder y cambiar la medida a favor del encausado. Por ello, la fiscala señala que la funcionaria no podría hacer sola todo eso.
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