El argumento del Ministerio Público es que se espera un informe de la UNA. Sin embargo, indicios son claros sobre la intención que hubo de engañar al Estado con insumos chinos para el Covid.
Se reprocha que no se haya pedido orden de captura de los responsables, pese a que hay un pedido de prisión.
La denuncia presentada por el ministro de Salud Pública y Bienestar Social, Julio Mazzoleni, responsabilizaba a las firmas por su conducta legal irregular en el marco de la contratación vía excepción N° 36/2020 “Adquisición Urgente de Insumos y Camas para Covid-19 convocada por el MSPyBS”.
En la causa investigada se imputó por contrabando, asociación criminal y producción de documentos no auténticos. Pero la acusación fiscal por tentativa de estafa y lavado de dinero se hace desear y así Justo Ferreira y su hija Patricia, junto con otros inculpados, reciben un balón de oxígeno legal.
El argumento para demorar esta imputación clave es que se espera informe de la UNA y de los importadores chinos sobre los productos que se pretendió vender como de uso médico, pero que no lo eran.
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