Esther Roa, activista social, quien sufrió una de las primeras imputaciones, señaló que el Ministerio Público, busca silenciar los cuestionamientos por corrupción que existen con ‘imputaciones selectivas’. Josefina Duarte, titular del PRF, hizo eco y advirtió que estas mismas señales se veían en la dictadura.
Durante los cinco meses de cuarentena que lleva el país, existen actuaciones contradictorias del Ministerio Público. En primer lugar, las imputaciones para los que protagonizan hechos de corrupción nunca llegan mientras que para los que la denuncian si la sufren en tiempo récord.
Esther Roa, activista social, fue una de las personas imputadas por manifestarse y para reclamar justamente la inacción de la Justicia ante los graves hechos de corrupción que no mermaron siquiera en la cuarentena.
Para la misma, Horacio Cartes, expresidente de la República, hizo una maniobra estratégica al colocar a Sandra Quiñónez, como fiscal general del Estado. Esto se traduce en que los detractores de la corrupción o del mismo Cartes sean imputados.
“Ella (Quiñónez) está articulando contra los opositores, a la gente que no se calla. Primero fueron los activistas y ahora van por los jóvenes liberales”, señaló.
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