La Fiscalía General de Brasil apeló la decisión de anular todas las condenas por corrupción dictadas en primera instancia contra el expresidente Lula da Silva (2003-2011). El Supremo debe ratificar o rechazar la solicitud.
BRASILIA (EFE). La apelación deberá ser juzgada por el pleno del Supremo, formado por once magistrados, y en ella no solo estarán en juego las penas de cárcel dictadas contra Lula, que suman casi 26 años, sino también sus derechos políticos y la posibilidad de postular a la Presidencia en 2022, que ha recuperado con el fallo que anuló las sentencias.
La anulación de las condenas fue decidida el pasado lunes por el magistrado Edson Fachin, miembro de la Corte Suprema e instructor en ese tribunal de la operación anticorrupción Lava Jato, que condujo la investigación contra Lula.
Fachin argumentó que las causas en las que Lula fue hallado culpable no tenían relación directa con los escándalos en la estatal Petrobras, a los que se limitaba la competencia de la corte de primera instancia entonces dirigida por el exjuez Sergio Moro.
El magistrado determinó que, debido a ese “error” de jurisdicción, los procesos deben ser anulados y retomados por tribunales de Brasilia.
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