El fiscal general del Estado ecuatoriano, Paúl Pérez, acusó al expresidente socialista Rafael Correa y otros tres sospechosos de asociación ilícita y secuestro del político opositor Fernando Balda. El Ministerio Público pidió elevar a juicio el caso.
QUITO. Balda es un exaliado de Correa en el partido Alianza País, pero diferencias personales y luego políticas terminó por distanciarlos.
El caso quedó “congelado” en el Poder Judicial, dominado por el exgobernante socialista, durante 7 años.
Durante la audiencia de preparación del juicio, que se lleva a cabo en la Corte Nacional de Justicia desde la semana pasada, Balda denunció a la defensa de Correa por intentar intimidar en la cárcel a una de las sospechosas de haber participado en el presunto delito que estaría colaborando como testigo.
El fiscal Pérez presentó 28 evidencias contra Correa y mencionó, por ejemplo, las cartas que envío el agente Chicaiza entre 2013 y 2015 al entonces máximo mandatario de Ecuador, en las que supuestamente le pedía ayuda para frenar una indagación fiscal en territorio colombiano
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