Un fiscal policial confirmó la multimillonaria tragada de dinero del rubro de combustibles, pidió sanciones para algunos de los responsables y volvió a recomendar que se haga una denuncia penal ante el Ministerio Público, tal como se viene haciendo desde hace cuatro meses. El propio presidente de la República pidió explicaciones ayer al comandante Luis Arias.
El desvío de fondos, que se estima en unos G. 30.000 millones, fue pillado gracias a una denuncia hecha por una organización civil denominada Consejo de Seguridad y Participación Ciudadana.
El presidente de esta organización, César Luna Baum, dijo que “solamente” querían saber la cantidad de motocicletas que figuran en la comisaría 24ª Central de San Antonio, pero que al final la propia Policía se delató al enviarles la planilla en bruto con todas las evidencias del posible desfalco.
Una investigación preliminar de la Dirección de Asuntos Internos, que terminó ya el 19 de abril pasado, detectó posteriormente que al menos 150 tarjetas magnéticas que contenían saldo en guaraníes para la carga de combustibles a móviles de la Policía fueron desangradas sistemáticamente durante todo el año 2020, pero sin que las patrulleras, motopatrullas y otros tipos de vehículos de la institución recibieran los combustibles.
Las maniobras se ejecutaban con la complicidad de playeros y funcionarios administrativos de Petropar, quienes hacían figurar como que cargaban diésel o nafta, pero solo para sacar el dinero de las tarjetas y repartirse con los policías.
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