La fiscal adjunta de Delitos Económicos, Soledad Machuca, acusó y pidió juicio oral para los ujieres Edgar Fabián Ayala Melo y Alfredo Samudio Benítez, procesados en el caso de la mafia de los pagarés por actuaciones en el juzgado a cargo de la exjuez Nathalia Garcete. El juez Humberto Otazú había dado un trámite de […]
La fiscal adjunta de Delitos Económicos, Soledad Machuca, acusó y pidió juicio oral para los ujieres Edgar Fabián Ayala Melo y Alfredo Samudio Benítez, procesados en el caso de la mafia de los pagarés por actuaciones en el juzgado a cargo de la exjuez Nathalia Garcete. El juez Humberto Otazú había dado un trámite de oposición a la postura de los fiscales que se allanaron a una suspensión condicional para ambos.
Ayala y Samudio se desempeñaban como ujieres del Juzgado de Paz de «La Catedral», 2° Turno, de la capital, a cargo de la exjuez Nathalia Guadalupe Garcete Aquino. Fueron acusados ya que, en el marco de expedientes tramitados, elaboraron informes a través de los cuales manifestaron que se constituyeron en los domicilios de las personas demandadas y que las notificaron de las demandas, sin embargo, tales notificaciones no fueron efectuadas.
La acusación señala que ciertos documentos, supuestamente ingresados por funcionarios judiciales y asociados a diversos juzgados, habrían sido incorporados a expedientes sin cumplir con los protocolos administrativos, sin firma responsable o con características que levantaban sospechas de alteración. Entre las pruebas detalladas en el requerimiento, se mencionan cédulas, notas y anexos que ingresaron en sobres cerrados, sin constancia de recepción y sin respaldo que permitiera establecer con claridad su origen.
Uno de los elementos centrales citados por la Fiscalía es el testimonio de una funcionaria que manifestó que nunca presentó los documentos que aparecieron luego en el expediente. Esta declaración, incorporada como prueba testimonial, respalda la hipótesis fiscal de que terceros pudieron haber actuado en su nombre para introducir papeles con contenido que no correspondía a actuaciones legítimas dentro del proceso judicial.
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